Operación Campeón: 15 detenidos en Galicia por presuntos delitos de fraude en subvenciones públicas, blanqueo de capitales y fraude fiscal

Un total de 15 personas han sido detenidas en Galicia por su supuesta implicación en una trama para defraudar subvenciones públicas, entre las que figuran el director general del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Joaquín Varela de Limia Cominges, y el subdirector de Información Especializada de este ente dependiente de la Consellería de Economía de la Xunta, Carlos Silva Liste, según ha informado la Agencia Tributaria y recoge Europa Press.

La Agencia Tributaria, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda, considera que con estas detenciones, entre las que figuran directivos y personal de la empresa lucense a la que iba destinada la subvención y de empresas colaboradoras, considera que de esta forma queda desarticulada la trama de fraude en subvenciones públicas. A los implicados en la denominada operación "Campeón" se les imputan diversos delitos de fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

La Agencia Tributaria atribuye a los cargos del Igape "presunto asesoramiento" a los directivos de los laboratorios farmacéuticos Nupel para montar una trama que les permitiese obtener subvenciones destinadas al fomento de nuevas inversiones en empresas "por un importe elevado", que no ha sido concretado. Precisamente, la misión del Igape es la distribución de ayudas públicas a empresas y proyectos emprendedores.

Las detenciones se produjeron por orden del Juzgado número 3 de Lugo, que dirige Estela San José, y también se han realizado 12 registros en las sedes de las empresas, domicilios de los investigados y en las propia sede del Igape, ubicada en el compostelano barrio de San Lázaro. Así, en el marco de este operativo, la jueza del Juzgado de Instrucción Número 3 de Lugo ha acudido a inspeccionar la sede de laboratorios Nupel. En el registro ha estado presente el director y propietario de la farmacéutica, el empresario lucense Jorge Dorribo, que había sido requerido en las horas previas en su domicilio, en el ayuntamiento de O Corgo. Fuentes consultadas por Europa Press señalan que la operación se desarrolló en al menos dos empresas de Lugo, los referidos laboratorios farmacéuticos Nupel, situados en el polígono de O Ceao, y Proitec, una sociedad lucense de una trayectoria de más de 20 años que se encarga de la redacción de proyectos de ingeniería. Entre los arrestados hay también una mujer que es médico, a la que se le imputa un supuesto delito de alzamiento de bienes y que permanece en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo.

La operación ha sido realizada por Vigilancia Aduanera de Galicia, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo y la Fiscalía lucense, y contó con la colaboración de personal de la Oficina Europea de Lucha contra el fraude (OLAF) y del Banco Europeo de Inversiones (BEI). La jueza Estela San José es conocida porque hace casi dos años instruyó la causa sobre una trama que explotaba a marroquíes en granjas de la provincia de Lugo y fue la que levantó la trama de la retirada fraudulenta de multas en la Jefatura Provincial de Tráfico. Además de la dimisión del jefe provincial de Tráfico, el caso provocó la dimisión del entonces subdelegado del Gobierno en Lugo, Jesús Otero. De los pinchazos telefónicos de esa investigación, posteriormente fueron detenidos el alcalde de Castro de Rei, Juan José Díaz Valiño, y tres concejales, entre otros cargos, acusados de prevaricación y tráfico de influencias por supuestas irregularidades en obras públicas.

El Igape depende orgánicamente de la Consellería de Economía e Industria, pero es un ente de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su finalidad es la de repartir las subvenciones públicas para fomentar la creación de nuevas empresas, promover la mejora de la productividad y competitividad de las sociedades asentadas en la Comunidad Autónoma, atraer inversiones foráneas y facilitar la internacionalización del tejido productivo.

La Xunta ha confirmado en un comunicado que el director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Joaquín Varela de Limia Cominges, y el subdirector de Información Especializada de este organismo dependiente de la Consellería de Economía, Carlos Silva Liste, permanecen a disposición judicial y defiende la presunción de inocencia de ambos. Asimismo, ha indicado que, de acuerdo con la información proporcionada por el propio Igape, agentes de la brigada de Vigilancia Aduanera acudieron a la sede del instituto y requirieron información sobre una veintena de empresas, de las que únicamente había expedientes sobre tres. La documentación, apunta el Gobierno gallego, "se les proporcionó de inmediato". Trabajadores del Igape han confirmado a Europa Press que se personaron en las dependencias de este organismo, ubicadas en el compostelano barrio de San Lázaro, algunos agentes, pero el dispositivo pasó desapercibido porque no iban uniformados y que la jornada de trabajo se desarrolló como es habitual.

"La Consellería de Economía e Industria defiende la presunción de inocencia del director y un subdirector que se mantienen a disposición judicial en el marco de esta investigación, que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo", ha afirmado el departamento que dirige Javier Guerra. La Xunta ha manifestado que "colabora" con la brigada del servicio policial de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria, para que "se investigue sin límites y se pueda aclarar al máximo su investigación".

Nota de prensa remitida por el Gabinete de Comunicación de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia:

Segundo a información proporcionada desde o Instituto Galego de Promoción Económica, a Consellería de Economía e Industria confirma que axentes da brigada de vixilancia aduaneira (Agencia Estatal Tributaria) acudiron ao IGAPE a solicitar información sobre unha vintena de empresas, das que soamente había expedientes de tres delas. Información que se lles proporcionou de inmediato.

A Xunta de Galicia colabora coa brigada de vixilancia aduaneira (Agencia Estatal Tributaria) para que se investigue sen límites e se poida clarexar ao máximo a súa investigación.

A Consellería de Economía e Industria defende a presunción de inocencia do director e un subdirector (de información) que se manteñen a disposición xudicial no marco desta investigación, que leva a cabo o Xulgado de Instrucción número 3 de Lugo.